Tercera Sección del Aconcagua desiste de acuerdo entre regantes y sube posibilidad de intervención estatal

El acuerdo entre regantes del río Aconcagua y la Dirección General de Aguas (DGA) para definir el plan de distribución de suministro para la Quinta Región durante la próxima temporada de verano está en su etapa final. Y hasta el momento, todo indica que será este último organismo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) el que deberá actuar interviniendo el caudal que abastece a más de un millón de habitantes del Gran Valparaíso.

La Junta de Vigilancia de la Tercera Sección del río Aconcagua tenía plazo hasta las 23:59 horas del martes para suscribir la propuesta establecida por las secciones Primera y Segunda para asegurar el llenado del embalse Los Aromos, pero finalmente no lo hicieron. De esta manera, el documento fue presentado oficialmente a la DGA solo con el respaldo de estos últimos dos actores de esa cuenca, lo que en la práctica implica una mayor posibilidad de intervención estatal al no contar con un acuerdo aprobado por el total de regantes de la zona. 

Y pese a que existe una mínima posibilidad de revertir esta situación -en caso que la DGA otorgue un plazo extra a las juntas para lograr un acuerdo final- el panorama aún se ve complejo en cuanto a las reales opciones de diálogo que puedan surgir.

Fuentes de las juntas señalaron que, pese a las extensas jornadas de discusión desarrolladas durante la semana pasada, fue imposible llegar a un consenso en torno a una serie de puntos. Entre las principales diferencias figuran las horas de distribución de las aguas: por una parte, las juntas de la Primera y Segunda Sección proponen regular sus compuertas durante 132 horas en la semana y 36 horas durante los días sábados y lunes, pero, por otro lado, la Tercera Sección dice que lo correcto es cerrar las compuertas por 112 horas semanales y 56 horas durante el fin de semana. 

Además, este último actor sugiere extender dicho plan por un año tras finalizar el período acordado, lo que difiere de las otras dos juntas que indican que esta distribución debe mantenerse solo hasta que se cumpla el objetivo de llenar el Embalse Los Aromos.

Pero el principal punto de tope va más allá de las horas y plazos que proponen las distintas secciones y es más difícil de solucionar, ya que tiene relación no solo con la forma, sino también con el trasfondo que conlleva la repartición de los recursos.   

Criterios de distribución

De acuerdo a Alfonso Rozas, director de la Junta de Vigilancia de la Tercera Sección del río Aconcagua, el mayor punto de discrepancia entre las partes tiene que ver con los criterios de distribución de las aguas. En la propuesta entregada por esta sección a fines de mayo a la DGA -y que no fue acogida- esos regantes proponen ajustar este plan al Dictamen N°210030 de la Contraloría General de la República, que instruyó que “la redistribución de las aguas debe adoptarse en función de la disponibilidad total del cauce respectivo y de los derechos de aprovechamiento de todos sus usuarios, a pesar de que el río se encuentre seccionado”. Esto, de modo que la lógica de distribución debería ser equitativa, es decir, con un aporte de 33,3% de cada una de las secciones. 

En cambio, en el plan entregado este martes, la Primera y Segunda Sección decidieron guiarse por el nuevo Código de Aguas al considerar la “disponibilidad total de la cuenca”, es decir, tanto los recursos superficiales como subterráneos. Y justamente en este punto radica el problema, pues según comenta Rozas, la obtención de los recursos subterráneos no es fácil de lograr.  

“Ellos dicen ‘ustedes tienen agua subterránea’. Sí, agua subterránea hay en toda la cuenca. Arriba el agua es más profunda, pero son pozos mucho más productivos, de 80 l/s. Mientras que en la tercera el agua está a 25 - 30 metros, pero son pozos de solo 10 l/s. Y el fondo del problema es que sacar el agua del pozo cuesta plata”, sostiene.

Y agrega que uno de los factores que no consideran las otras dos juntas es que debido a la naturaleza del río, el agua se infiltra. "Cuando se repartieron las aguas, fueron acciones alícuotas, vale decir, si bajan 100 litros de la cordillera, yo recibo cinco. Ahora, si bajan mil litros, tengo 50 litros, pero les cuesta aceptar eso”, comenta.

Inminente acción estatal

En lo que respecta a los próximos pasos del acuerdo, Rozas sostiene que pese a que “existe voluntad” por parte de las juntas, “lamentablemente va a tener que actuar el Estado”. 

"Aquí, como siempre, vamos donde el hermano grande o el profesor, ‘oiga ¿sabe qué más? usted decida. Somos incapaces de ponernos de acuerdo'. En el fondo, el tema es la distribución equitativa del agua a lo largo de la cuenca (...) y hoy día no veo un acuerdo”, sostiene.

Y agrega que aunque “no me guste que actúe el Estado, creo que somos grandes y gente pensante que podemos llegar a acuerdos. Pero es imposible”.

En este contexto, Orlando Acosta, asesor técnico de la Junta de Vigilancia de la Tercera Sección, acusa que unas horas antes de cumplirse el plazo dado por la DGA para presentar el acuerdo firmado, circuló vía electrónica un borrador que contenía reglas de redistribución que no fueron compartidas previamente por todos los actores, y que eran desconocidas por el directorio de la Tercera Sección.  Y a esto se suma el hecho de que cerca de las 8:50 horas del martes, la Primera y Segunda Sección ya habían ingresado a la DGA aquel borrador, "lo que muestra a las claras su falta de disposición fidedigna para lograr un acuerdo de redistribución", sostiene.

Dicho documento "no tiene ninguna validez ya que no cumple mínimamente con los estándares legales y reglamentarios de redistribución que deben tener este tipo de acuerdos (...) así como tampoco con los caudales de redistribución prioritaria para consumo humano y sustentabilidad exigidos por la DGA, continuando con su vieja práctica de acaparar las aguas del río para sí, causando perjuicios en todos los usuarios del Bajo Aconcagua y comprometiendo gravemente la sustentabilidad de ecosistemas y acuíferos", asevera.

Hasta el momento la DGA no se ha pronunciado sobre una eventual extensión del plazo para presentar una nueva propuesta que comprometa a las tres secciones.